El gobierno porteño dice que "no tiene nada que ocultar" sobre escuchas

20 de octubre de 2009

*La oposición quiere interpelar a los ministros de Educación y de Seguridad.
*Montenegro denunció que "están intentando que la policía porteña no salga a la calle".

Tras el pedido de interpelación que impulsa la oposición, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que con respecto al escándalo de las escuchas telefónicas “no tiene nada que ocultar” y señaló que instruyó la apertura de cuatro sumarios administrativos para investigar lo sucedido.


 


“Ordené que se realizaran cuatro sumarios administrativos y di intervención al procurador de la Ciudad para establecer si el señor Ciro James concurrió en alguna oportunidad al ministerio para otra cosa que no sea tramitar su ingreso a la policía metropolitana”, expresó Montenegro en una conferencia de prensa.


 


También destacó que James ocultó su condición de policía federal tanto al ministerio de Seguridad y como al de Educación, en el que tenía un contrato.


 


James se desempeño hasta agosto en la División Inteligencia de la Policía Federal y es acusado de haber realizado llamados desde el ministerio de Seguridad a oficinas del número uno de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y de Jorge “El Fino” Palacios. Además, se sospecha que estuvo implicado en la red que planeo y realizó las pinchaduras de los teléfonos de Sergio Burstein, de Familiares de Víctimas de la AMIA, y de Carlos Ávila.


 


“Estamos en condiciones de acompañar la investigación judicial y no tenemos nada que ocultar”, afirmó Montenegro, y acusó la presencia de “una serie de intereses políticos o económicos que están tratando de que esta policía [por la metropolitana] no salga a la calle”.


 


El legislador porteño Aníbal Ibarra anunció hoy que junto a otros bloques de la oposición tratará de aprobar mañana en una sesión especial de la legislatura porteña la interpelación de los ministros de Seguridad, Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski, para que den explicaciones sobre el escándalo de las escuchas telefónicas a Burstein y Ávila.


 


Ibarra consideró que Montenegro "es un encubridor" y dijo que el que tiene que dar explicaciones por las escuchas ilegales es Mauricio Macri porque con su "silencio se está convirtiendo en cómplice".



En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide ordenará diversas pericias sobre las computadoras secuestradas anoche en varios procedimientos realizados en la causa en la que se investigan presuntas tareas de espionaje realizadas por funcionarios del gobierno porteño.


 


El juez no descarta disponer, en las próximas horas, nuevos allanamientos que podrían alcanzar dependencias del Ministerio de Justicia porteño en la búsqueda de elementos para "cruzar” con la información obtenida en los procedimientos de ayer.


 


El escándalo se inició por las sospechas de que el ex policía Ciro Gerardo James realizó tareas de espionaje para el Gobierno de la Ciudad. Hasta el momento, la Justicia tiene acreditado que James fue contratado por el Ministerio de Educación porteño, aunque todavía no están claras sus tareas específicas.


 


La detención de James se produjo luego de que un policía misionero lo vinculara con la pinchadura del celular de Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que rechazaba la designación del comisario retirado Jorge "Fino" Palacios al frente de la Policía Metropolitana.


 


Burstein dijo hoy que le "preocupa" el silencio del jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, respecto al tema de las escuchas ilegales. "Realmente me asusta y me preocupa por sobre todas las cosas el silencio del Jefe de Gobierno porque el que calla otorga", señaló en declaraciones a radio Rivadavia.



Ayer se allanó la oficina de Roxana Barroso, jefa del gabinete de asesores del Ministro de Educación. También se realizaron procedimientos en oficinas vinculadas a "Fino" Palacios, ex jefe de James en la Policía Federal.


 


Uno de los allanamientos se realizó en el centro porteño y otro en la localidad bonaerense de Olivos. Ambas serían agencias de seguridad vinculadas a Palacios, según reveló el diario Clarín.


 


También se allanaron las oficinas de Osvaldo Chamorro -nombrado en lugar de Palacios para dirigir a la Policía porteña- ubicadas en Maipú al 200, al lado de las del comisario retirado.


 


Los procedimientos los ordenó Oyarbide luego de detectar que habrían existido numerosas comunicaciones entre James, Palacios y Chamorro. James había trabajado en la zona de la Triple Frontera en el área que manejaba Palacios en la Federal.